Como
libertad de prensa se denomina el derecho que tienen los medios de
comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o
coacciones, como la censura previa, el acoso o el hostigamiento.
En este
sentido, la libertad de prensa es una garantía constitucional,
fundamentada en la libertad de expresión, propia de sociedades con
sistemas políticos democráticos de libertades plenas.
Como tal, la
libertad de prensa permite a los ciudadanos la posibilidad de organizarse y
crear medios de comunicación independientes del poder gubernamental, en los
cuales tienen derecho de expresarse libremente y sin censura.
Uno de los
mecanismos más directos para amenazar la libertad de prensa es
a través de la censura previa. La censura previa consiste en prohibir la
difusión de determinados contenidos por decisión de censores oficiales, es
decir, funcionarios designados por el Estado para ejercer control sobre la
naturaleza de los contenidos que los medios difunden al público.
La
censura, asimismo, puede ser indirecta cuando se vale de presiones,
hostigamiento, ataques o amenazas de cierre de medios. De allí que, según
la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH),
independientemente de que el sistema legal y político de un país no tenga
disposiciones específicas orientadas a disminuir o atacar la libertad de
prensa, puede considerarse que esta ha sido vulnerada si son empleados medios
indirectos coactivos, como el control del suministro de papel (caso de periódicos),
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos usados en la difusión
de información, impidiendo así la libre difusión de ideas y opiniones.
La
libertad de prensa es fundamental en los sistemas democráticos, pues
permite a los ciudadanos formarse opiniones y criterios en relación con la
realidad en que viven. Por este motivo, los medios de comunicación
independientes son uno de los objetivos principales de los sistemas políticos
antidemocráticos.
